Las organizaciones firmantes, consideramos que no podemos ni debemos demorar por más tiempo el momento de unirnos para denunciar públicamente que la propuesta de reducción de jornada presentada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social atenta a la libertad de empresa y contra el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios, que establece el marco de la Carta Magna para la negociación colectiva, garantizando estos derechos. La regulación legal de la jornada laboral con una reducción de la misma, una vez cerrado un ciclo de negociación colectiva compleja para muchas pymes por el impacto en la misma de la tensión inflacionaria, y sin que en la misma haya existido reivindicaciones de personas trabajadoras en materia de jornada, significa además una descompensación de los equilibrios de cualquier sistema de relaciones colectivas.

Debemos hacer frente a esta situación, comenzando por despertar las conciencias informando y concienciando a la opinión pública de las graves consecuencias que, para el Estado de Bienestar, en general, y para la vida cotidiana y personal de todos los ciudadanos, en particular, comporta esta medida que amenaza la supervivencia de miles de pymes y autónomos de nuestro país y la generación de empleo. Los firmantes de este escrito compartimos la común convicción de que, con esta medida, y el conjunto de medidas que plantea el Ministerio en ámbitos laborales, lo que está en juego es la supervivencia de nuestro tejido empresarial.

Las pymes representamos más del 62% del Valor Añadido Bruto generado por las empresas no financieras. Suponemos el 99,8% de las empresas y casi el 70% del empleo empresarial total y a pesar de eso no se nos tiene en cuenta en la toma de decisiones. Además, el 86% de las empresas en España, tienen menos de 10 trabajadores a su servicio. Somos país de pymes, además, con una dimensión media por debajo de la mayoría de los países con los que competimos.

Estamos asistiendo a un menoscabo de la negociación colectica y el diálogo social, que es un pilar fundamental de la democracia y un componente esencial del modelo social europeo, donde a los empresarios y empresarias, que somos los más afectados por estas decisiones políticas que atentan contra nuestro futuro y viabilidad, se nos aparta de la toma de decisiones, y no se tienen en cuenta las consecuencias negativas que tiene esta imposición legal, para nosotros y para nuestro país.

Este cambio normativo no es solamente una reducción de la jornada hasta las 37,5 horas, sino que lo que pretende es: reducir la jornada; crear un nuevo registro de jornada, que supone una vulneración del derecho a la libertad de empresa, a la privacidad y, al mismo tiempo, conlleva una presunción implícita de incumplimiento empresarial en materia de jornada que es inadmisible; reforzar el derecho a la desconexión digital, con el derecho del trabajador a no estar localizable fuera de su horario de trabajo; y cambiar el régimen sancionador, multiplicando la cuantía de las sanciones.

No se ha tenido en cuenta ni el tipo de actividad, ni el diferente impacto en relación a la dimensión de las empresas o en los distintos sectores económicos, ni las nuevas formas de trabajo, como el empleo por objetivos, el teletrabajo o la distribución irregular del horario para favorecer la conciliación. Tampoco tiene en cuenta la flexibilidad con la que trabajan las empresas más pequeñas y los autónomos, en muchos casos negocios familiares, lo que dificultará la implantación del sistema de seguimiento de la jornada de 37,5 horas.

No hacerlo llevará aparejadas multas muy elevadas de hasta 10.000€ por trabajador, una decisión que cambia radicalmente las sanciones que se aplican ahora, que son por empresa y no llegan a 7.500€. Estas medidas, junto a otras que está impulsando el Ministerio, consideramos además que menoscaban la negociación colectiva y, en cierto modo, la libertad de empresa, estigmatizan además a los empresarios y empresarias de nuestro país a partir de establecer una fiscalización de su actividad hasta límites poco razonables, partiéndose de la presunción de que éstos incumplen sistemáticamente la normativa laboral en vigor.

Tampoco se ha considerado el impacto en las empresas sujetas a instrumentos de colaboración pública y privada, sea contratación pública u otros instrumentos de provisión de bienes y servicios, en los que el incremento de costes asociado a la medida va a acarrear el desequilibrio económico del contrato. Y ello sin que haya sido resuelta la problemática de la necesaria desindexación de dichos contratos para poder aplicar a su equilibrio los constantes incrementos de costes laborales que las regulaciones legales vienen imponiendo.

Las pymes y autónomos nos oponemos a la reducción de la jornada laboral impuesta por ley y fuera de la negociación colectiva, así como a cualquier medida que nos afecte que no sea consensuada en las mesas de negociación. La propuesta que debería plantearse tendría que garantizar que los principios esenciales recogidos en la negociación colectiva, son fruto de un equilibrio compartido en una sociedad plural, donde se integran tanto las personas trabajadoras como las empresas.

Modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución, que establece el marco constitucional para la negociación colectiva, garantizando este derecho y la fuerza vinculante del convenio.

Así, la aprobación de esta norma elimina el marco de negociación colectiva que ha sido fundamental para mantener la paz social durante muchos años y aboca a muchas empresas, especialmente a pymes y autónomos, a una reorganización forzada que socava su capacidad de organización interna y su supervivencia. Conviene recordar, además, que el país con un promedio semanal de jornada laboral más bajo en la UE, Alemania, tiene a su vez la jornada laboral legal máxima permitida de 48 horas. Muestra evidente de que no es la regulación legal la que permite el escenario idóneo para la mejora de las condiciones y jornada, sino la fuerza de la negociación colectiva.

Junto con ello, debemos insistir además que problemas estructurales de nuestro trabajo, del mercado de empleo, siguen sin resolverse. La sobrerregulación normativa, la baja productividad, un alto absentismo, un alto desempleo, en un país con la tasa de paro más alta de la UE y con falta de mano de obra en muchos sectores, y grandes dificultades para cubrir las vacantes, evidencian un conjunto de problemas que deberían añadirse al análisis del mejor escenario para abordar cuestiones como las que plantea la reforma propuesta en el marco de un diálogo social con participación de las pymes y con una mirada integral de los déficits, retos y oportunidades de nuestra economía y nuestro empleo.

Los empresarios no nos oponemos a medidas que puedan mejorar nuestro mercado de trabajo y la calidad de vida de las personas trabajadoras si además ayudan al impulso de la competitividad de nuestras empresas, pero cuando se toman decisiones de tanto calado sin consenso, sin medir las consecuencias, sin procesos adaptativos y abocando a muchas pymes al cierre no podemos mantenernos de brazos cruzados.

Por ello, y para tales fines, los que rubricamos este documento nos hemos propuesto como tarea urgente e indispensable impulsar un movimiento activo que, recogiendo los principios más esenciales y compartidos, articule un movimiento que sepa abrirse a la sociedad y a los empresarios de nuestro país y poner en su conocimiento la gravedad de la situación, así como la gran preocupación que nos embarga para poder ejercer dignamente y sin intervencionismo la libertad de empresa y el derecho a la negociación colectiva.

Por todo lo que acabamos de decir, hacemos un llamamiento al conjunto de la sociedad para que todas aquellas personas y organizaciones que compartan nuestra inquietud y nuestras aspiraciones se unan a esta iniciativa.

ESTE MANIFIESTO HA SIDO ELABORADO Y PROMOVIDO POR LA CONFEDERACION NACIONAL DE PYMES – CONPYMES.