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HAY DERECHO

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Exponemos algunas de las acciones impulsadas por CONPYMES como gran defensor del Estado de Derecho, la democracia y una economía inclusiva en la que todos puedan participar en igualdad de condiciones. Como confederación de las pymes españolas defiende la participación democrática de las pymes en el diálogo social para acabar con el monopolio existente desde la instauración de la democracia. Para que las empresas puedan elegir libremente a su interlocutor social.

¿Qué hace CONPYMES para defender el Estado de Derecho?

Fue la primera organización en denunciar las malas prácticas de algunas entidades financieras en los créditos ICO concedidos durante la pandemia. Intereses abusivos, obligación de contratar otros productos o falta de transparencia fueron algunas de las prácticas denunciadas. Los tribunales nos están dando la razón y empiezan a declarar en sus sentencias la nulidad de esos contratos. Muchos fueron firmados por los solicitantes en condiciones de urgencia, sin recibir información clara y sin que comprendieran las implicaciones legales que tenía el convertirse en avalistas solidarios del 100% del préstamo.
Exige el cumplimiento de las leyes, como la de Morosidad, una norma sistemáticamente incumplida que perjudica gravemente a las pymes y autónomos. Reclama un régimen sancionador eficaz que penalice los pagos fuera de plazo, especialmente por parte de grandes empresas.
Defiende la competencia leal y denuncia las situaciones de abuso de posición dominante o prácticas anticompetitivas que distorsionan el mercado. Apuesta por un marco donde ninguna empresa esté por encima de la ley.
Impulsa la transparencia en la contratación pública, exigiendo igualdad de acceso para las pymes y la eliminación de barreras administrativas que favorecen solo a grandes operadores.
Propone reformas legislativas en el Congreso, ante las Administraciones públicas, y en Europa, que fortalezcan la igualdad de oportunidades y los derechos de las pymes en áreas como fiscalidad, financiación, digitalización o relaciones laborales.
Colabora con organismos públicos y entidades independientes para supervisar el cumplimiento de las leyes y promover buenas prácticas. Su participación es activa, técnica y orientada a resultados.
Denuncia públicamente cualquier retroceso institucional o jurídico que perjudique al tejido empresarial más vulnerable.
CONPYMES no solo representa a las pymes: defiende un modelo de país más justo, más competitivo y democrático, donde las reglas sean las mismas para todos y se respeten.

Reclamaciones legales y recursos formales

En 2021, CONPYMES presentó una demanda judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid solicitando ser reconocida formalmente como interlocutor del diálogo social que está pendiente de sentencia. La demanda se presentó contra el

Ministerio de Trabajo y Economía Social por incumplir la ley respecto a la representatividad.

En abril de 2023, llevó su caso al Parlamento Europeo y al Defensor del Pueblo Europeo denunciando la falta de inclusión de las pymes españolas en los mecanismos de diálogo social.

En febrero de 2023 interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra la exclusión del reparto de fondos europeos a organizaciones que no forman parte del monopolio actual del Diálogo Social.

En 2024 el Tribunal Supremo falló a favor de CONPYMES y anuló el Real Decreto 1027/2022 (del 20 de diciembre), que había otorgado 30,6 M € en subvenciones de formación en digitalización de manera directa y exclusiva a CEOE‑CEPYME y UGT.

El fallo estableció que:

No se justificó la vía de concesión directa: se debió usar convocatoria pública conforme a la Ley General de Subvenciones. No son los sindicatos y la patronal los únicos interlocutores representativos, y su exclusividad no está justificada. El Supremo concluyó que debe existir pluralidad y reconocimiento de otros actores, como CONPYMES.

Fue un precedente para que algunas comunidades autónomas (como Castilla y León) modificaran sus bases de subvenciones, abriendo ayudas a más entidades empresariales, no solo a CEOE-CEPYME. CONPYMES continúa utilizando este criterio judicial para exigir un reparto proporcional y transparente de fondos públicos. La sentencia es una victoria jurídica clave, obligando a que los fondos públicos se distribuyan mediante convocatorias abiertas y reconociendo oficialmente la pluralidad de interlocutores.

En 2025 CONPYMES ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid por el mismo motivo, eludir injustificadamente el mecanismo de concurrencia pública exigido por la Ley General de Subvenciones.

CONPYMES trabaja para que las pymes tengan voz propia e independiente en el diálogo social español. Reclama una reforma estructural que permita una representación democrática y justa, en línea con las recomendaciones europeas y con el peso real del tejido empresarial (99,8 %) que representan las pymes y autónomos.

Avances legislativos conseguidos

El PAN (Plan Anual Normativo) del Gobierno incluyó en 2024, y que luego pasó a 2025, la redacción de una Ley reguladora de la representatividad empresarial, en línea con la Recomendación del Consejo de la Comisión Europea de 2023 impulsada por CONPYMES.

El objetivo: crear un sistema objetivo, transparente y plural.

En junio de 2024, mediante Real Decreto, CONPYMES fue admitida en el Consejo Estatal de la PYME y en el Observatorio Estatal de Morosidad Privada, un hecho histórico pues por primera vez se rompía el monopolio histórico de CEOE-CEPYME.

Es impulsora del Reglamento contra la morosidad de la Comisión Europea y de cambios en las leyes europeas para que las pymes tengan mayor participación en la compra pública.

CONPYMES es colaborador habitual de la CNMC y ha presentado diferentes propuestas para la lucha contra la corrupción y la colusión que se produce en las relaciones comerciales y en la compra pública.