El Observatorio de la PIMEC ha publicado un informe bajo el título ‘Empleados públicos en Cataluña y España (2013-2019)’ que constata que a enero de 2019 en Cataluña hay 319.759 asalariados del sector público, una cifra un 2,3% superior a la del mismo mes de 2013, año en que se inicia la recuperación económica. Teniendo en cuenta que el sector público tiene una incidencia directa e indirecta sobre la actividad económica de pymes y autónomos -puesto que les ofrece bienes y servicios, les regula, les controla, les aplica impuestos, etc.- PIMEC ha analizado el número y la estructura de los funcionarios en Cataluña y la compara con el resto del Estado distinguiendo dos apartados: un sobre los últimos datos de empleados públicos en Cataluña y otro con comparativas a nivel autonómico de peso de los trabajadores públicos sobre el total de la población y de los ocupados.
Este documento, elaborado a partir de los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, refleja que a enero de 2019 en Cataluña había 41,3 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, cifra que supone el nivel de funcionariado más bajo de todo el Estado, y que representa el 12,3% del total de trabajadores públicos en España. El bajo peso de los empleados públicos en Cataluña se corresponde en buena parte al singular y extendido sistema de conciertos sector público – sector privado, en virtud del cual operadores privados prestan servicios de manera concertada y financiada por la Administración.
Entre otras cuestiones, el informe también destaca que la Administración central tiene poco peso en el conjunto de empleados públicos catalanes, un 8,1%. De lo contrario, la Administración autonómica supone un 55,1%, la Administración local un 28%, y las universidades (8,8%), tienen pesos relativos más altos que en el conjunto del Estado. En este sentido, sobre la importancia de la ocupación pública en el conjunto de la economía en relación al peso de los empleados de la Administración sobre los ocupados totales, en Cataluña este peso es el más bajo de todo el Estado, concretamente el 9,3%. El dato contrasta, por ejemplo, con los niveles superiores: el 15% de Castilla La Mancha, Castilla León, Aragón y Asturias; y el 23,4% en Extremadura.