“Es necesario agilizar los trámites, existe la tecnología para hacerlo. Es incomprensible que tengan que pasar 2 años para obtener una licencia de obra” explica un molesto Jordi Mora, presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM), sobre la polémica revelación destapada, en las últimas semanas, por la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios de Baleares que ha demostrado que existen más de 2.000 expedientes urbanísticos, en Palma, correspondientes a los años 2018 y 2019, aún sin resolver.
“El retraso en la tramitación de licencias estanca la economía y la actividad laboral de este sector, causando un grave perjuicio para nuestra comunidad. Da igual si las resoluciones de los técnicos son positivas o negativas, deben dar una respuesta rápida y en tiempo establecido” continúa Mora.
Este plazo de tramitación, es según la ley de urbanismo, de 3 meses, pero la realidad parece ser muy distinta. “Estamos asistiendo a un retraso de entre 12 a 18 meses. Así es imposible que las empresas trabajen correctamente” asegura preocupado Jordi Mora.
Hablamos de 40.000 asalariados, 15.000 autónomos y de unas 6.000 empresas, según datos de la Fundación Laboral de la Construcción que dependen del estado de este mercado. Este tipo de problemas, según el presidente de PIMEM, “tan solo provocan la desconfianza de posibles nuevos inversores y que la economía se resienta”.
Cabe destacar, además, que una de las promesas del nuevo gobierno, tanto de las Islas y como del Ayuntamiento de Palma, fue la de crear un mayor número de viviendas sociales. Pero esta promesa no se corresponde con la realidad actual de Palma. “No tiene ningún sentido realizar este tipo de promesas y que aún haya sin resolver tantos trámites. La cantidad de trabas existentes para construir una nueva vivienda no permite ofrecer soluciones rápidas a un problema actual de nuestra comunidad”.
Por último, desde PIMEM también quieren recalcar el respeto hacia el trabajo que se realiza desde el Ayuntamiento de Ciutat para que la construcción aporte la mayor seguridad al ciudadano. “Entendemos que hay que cumplir una serie de requisitos” explica Mora. Ahora bien, “una simplificación y digitalización del sistema beneficiaría a su eficacia y evitaría estos problemas”.